Rabat,
07 abr 07. La Cámara de Representantes (cámara baja) ha aprobado, ayer,
por unanimidad, tres proyectos de ley relativos a la declaración
obligatoria del patrimonio.
Se
trata del proyecto de ley relativo a la institución de la declaración
obligatoria del patrimonio para algunos cargos electos de los consejos
locales, algunas categorías de funcionarios y agentes públicos, del
proyecto de ley relativo al estatuto de los magistrados y del proyecto
de ley sobre el código de los tribunales financieros.
El ministro de Justicia, Mohamed Buzubaa, subrayó, durante la
presentación del primer proyecto de ley, la importancia de este texto
en la consagración de los principios de transparencia, control y lucha
contra la corrupción y el abuso de poder.
Precisó que este proyecto constituye una importante obra de reforma
en el proceso de consagración de la democracia y del Estado de Derecho.
Tratándose del proyecto de ley sobre el estatuto de los magistrados,
el ministro indicó que se produce en respuesta a las aspiraciones de
las distintas fuerzas políticas y de defensa de los derechos humanos
que llaman a la reforma de este sistema.
Precisó que el proyecto tiene por objetivo reforzar el principio de
declaración obligatorio del patrimonio por los magistrados, según
nuevos criterios y la ampliación de la declaración para incluir todas
las actividades generadoras de ingresos y los bienes del magistrado y
de sus hijos.
Por otra parte, el ministro de Hacienda y Privatización, Fathallah
Ualalu, se congratuló, durante la presentación del proyecto de ley
sobre el código de los tribunales financieros, por la convergencia de
las vistas y por la voluntad política destinada a consagrar los
principios de la buena gobernanza y a establecer los dispositivos
jurídicos necesarios para luchar contra todas las formas de corrupción.
Los grupos de la oposición consideraron a su vez que estas leyes no
tenían un carácter urgente y que su presentación podía esperar hasta la
sesión primaveral.
Subrayaron también que la lucha contra la corrupción requiere un
enfoque global donde se movilizan todos los medios jurídicos, de
comunicación y pedagógicos, además de la existencia de una voluntad
política.
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