El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés decretó este viernes el sobreseimiento del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de la localidad madrileña, indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Varios pacientes han muerto tras mala práctica médica a la hora de sedarles" pero "no se puede asegurar, al menos con lo que hasta ahora se ha recopilado, que el fallecimiento deviniera exclusivamente por los fármacos prescritos por los doctores", concluye la sentencia. El auto insiste en que los pacientes "pudieron morir o por la sedación indebida o por su enfermedad inicial y esto, para exigir responsabilidad penal, ha de quedar claro".

Tras escuchar los testimonios de los médicos, el tribunal estima que "creían obrar lícitamente y actuar dentro de cánones prefijados por la ciencia". "La instrucción parece agotada y no debe ir más allá, ya que, por más que pudiéramos profundizar y proseguir, no se llegaría en ningún caso a encontrar elementos bastantes para, por dolo eventual o por culpa, responsabilizar criminalmente a los imputados por las muertes de sus pacientes tras las sedaciones", agrega.

Por último, afirma que no se trataba de someter a debate ni la sedación a un paciente terminal, ni "la manera de proceder en un centro de salud", a pesar del debate en torno a estos asuntos que generó el proceso.

El caso de las presuntas sedaciones en el Hospital Severo Ochoa se inició el 11 de marzo de 2005, cuando el entonces consejero madrileño de Sanidad, Manuel Lamela, anunció que retiraba al jefe del servicio de Urgencias del centro, Luis Montes, por "una supuesta mala praxis en la administración de fármacos". Tras recibir unas denuncias de asociaiones de pacientes, la Consejería elaboró un informe que determinó que hubo 73 sedaciones "inadecuadas o no indicadas", cuatro "expresamente contraindicadas" y 34 indicadas pero sobre las que discrepaba en los fármacos suministrados.

Montes acudió a la Justicia por su destitución pero, el 7 de septiembre de 2006, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 18 de Madrid desestimó su recurso al entender que la decisión se ajustaba "a derecho" porque se trataba de una libre designación.